Pandora Papers. Fiscalía de Chile abre investigación a Sebastián Piñera

Políticos y líderes, cuyos tratos secretos se revelan en los Pandora Papers, se enfrentan a crecientes críticas y escrutinio.

En Chile, la Fiscalía de ese país informó este viernes la apertura de una investigación de oficio contra el presidente Sebastián Piñera, luego de que la publicación Papeles de Pandora revelara presuntas irregularidades en la venta en 2010 en Islas Vírgenes Británicas de sus acciones en un megaproyecto minero.

"El fiscal nacional (Jorge Abbott), con fecha de hoy, 8 de octubre, ha decidido abrir de oficio, iniciar de oficio, una investigación penal por los hechos asociados a lo que se ha conocido como los Pandora Papers y que en definitiva tienen relación con la compraventa de la minera Dominga, que estuvo vinculada a la familia del presidente Piñera", declaró a la prensa la jefa anticorrupción de la Fiscalía, Marta Herrera.

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Así, más gobiernos de todo el mundo se comprometen a realizar investigaciones a raíz de la filtración más grande jamás registrada en el extranjero.

Desde el domingo 3 de octubre, cuando el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y otros socios de medios comenzaron a publicar las primeras historias, las agencias de aplicación o líderes en India, España, Irlanda, México, Alemania, Pakistán, Bulgaria, Australia, Brasil, Sri Lanka, Paraguay y Panamá han prometió tomar medidas.

En Chile, Piñera, uno de los gobernantes que aparece en la investigación de los Papeles de Pandora, rechazó el lunes que tuviera un conflicto de intereses en la venta de la minera en 2010 a uno de sus amigos más cercanos.

De acuerdo con la investigación internacional, Piñera es uno de los tres actuales jefes de Estado latinoamericanos vinculados a los Pandora Papers.

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El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, en colaboración con los medios chilenos CIPER y LaBot, reveló el domingo que Minera Dominga se vendió en 2010 al empresario y amigo de la familia presidencial Carlos Alberto Délano en una operación de 152 millones de dólares realizada en parte en el paraíso fiscal caribeño.

La investigación agrega que el pago de la operación se tenía que hacer en tres cuotas, y contenía una cláusula que supeditaba el último pago a "que no se estableciese un área de protección ambiental sobre la zona de operaciones de la minera, como reclamaban grupos ambientalistas".

El gobierno de Piñera, según la investigación, acabó por no proteger la zona en la que estaba previsto que fuera la mina, por lo que se efectuó el tercer pago. 

La investigación revela los acuerdos secretos y los activos ocultos de más de 330 políticos y funcionarios públicos de alto nivel en más de 90 países y territorios, incluidos 35 líderes nacionales.