Opinion

Arturo, el ministro andaluz

Desde la barrera

Por Eduardo del Río

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Zaldívar sabe lo mucho que está en juego cuando se enfrenta a este tipo de escenarios.

Zaldívar sabe lo mucho que está en juego cuando se enfrenta a este tipo de escenarios. - EFE

Muchos quisieran ver al presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, en estado de guerra con el presidente López Obrador. Sobran razones para que el ministro hubiese respondido de forma beligerante al titular del Ejecutivo tras la serie de ataques que éste ha lanzado a la independencia del Poder Judicial. Sin embargo, su estrategia ha sido otra: la prudencia.
 
Queda claro que el presidente de la República, en reiteradas ocasiones, ha vulnerado el principio de separación de poderes y la autonomía con la que deben rendir sus fallos los impartidores de justicia. El último episodio es revelador de esta voluntad de denostar a los jueces cuando sus decisiones son adversas a los proyectos gubernamentales.
 
La semana pasada, el juez Juan Pablo Gómez Fierro, especializado en asuntos de competencia económica, concedió una suspensión provisional ante la aplicación de la Ley de la Industria Eléctrica, que fortalece la presencia de la Comisión Federal de Electricidad en el mercado, tras considerar que esta nueva legislación afecta a la libre concurrencia en el sector energético.

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La respuesta presidencial no se hizo esperar. En una carta dirigida al ministro Zaldívar, López Obrador puso en duda la honorabilidad, imparcialidad y honestidad del juez Gómez Fierro, al solicitar que se iniciara una indagatoria para determinar si éste actuó apegado a derecho o si respondió a intereses particulares.
 
Pronto llegaron las presiones para Arturo Zaldívar. Desde distintos sectores se exigía una posición de abierta confrontación con el presidente López Obrador como defensa a lo que fue considerado un ataque directo al Poder Judicial. Sin embargo, no sorprendió la mesura con la que el también titular del Consejo de la Judicatura Federal se dirigió al huésped de Palacio Nacional, al acusar recibo de su solicitud, informar que ésta sería conducida por los canales institucionales y recordar que “es presupuesto de la democracia y del Estado de Derecho que juezas y jueces puedan actuar en un marco de autonomía e independencia”.
 
Zaldívar sabe lo mucho que está en juego cuando se enfrenta a este tipo de escenarios. De su posición equilibrada depende la estabilidad del Estado mexicano. De nada hubiera servido abrir un frente de batalla con el presidente de la República en tiempos de alta polarización y darle así mayores herramientas para alimentar el encono entre los principales actores políticos del país.
 
El reto que ahora enfrenta el ministro-presidente no es menor. Preservar la libertad y autonomía de los jueces frente a los amagos externos será fundamental para que, en el caso de la Ley de la Industria Eléctrica y otras reformas que pudieran ser violatorias del marco constitucional, los impartidores de justicia se sientan arropados por sus pares y alejados de cualquier presión y andanada mediática.

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Bien lo dice el viejo proverbio andaluz: “en Sevilla hay que tener paciencia y prudencia, verbal continencia, no contingencia, no exhibir excesiva ciencia, y presencia y ausencia con sabienda conveniencia”.
 

Segundo tercio.

Pese a las presiones en su contra, ayer el juez Gómez Fierro otorgó tres suspensiones más contra la Ley de la Industria Eléctrica. Habrá que esperar la respuesta del presidente López Obrador. Se va a poner bueno.
 

Tercer tercio.

Otro juez, Rodrigo de la Peza, concedió ayer nuevas suspensiones en contra de la reforma eléctrica. Suman ya 20 decisiones en el mismo sentido. Esto se va a poner bueno.

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